Las procuradurías auxiliares de la defensa de los trabajadores que existen en cada una de las Juntas de Conciliación y Arbitraje no funcionan como tales, al contrario, los encargados comercian la ley y la venden al mejor postor.
Resulta extraño que en Acapulco los ’procuradores’ Marcela Hidalgo Hernández y Antonio López Nava sigan en sus cargos, pues además de que se han perpetuado por años, cuentan con un sinnúmero de quejas en contra por manoseo de expedientes, perdida de cheques y actuar con parcialidad hacia la parte patronal.
Asimismo, ambos son señalados como groseros y déspotas, al grado que pareciera que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es negocio personal de ellos.
La última queja que se recibió en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, a cargo de Oscar Rangel Miravete, en contra de Marcela Hidalgo, por lo que se integró una nueva llamada de atención.
Con el número STyPS/473/2016 de fecha 7 de junio, la citada dependencia le notificó a la aún procuradora auxiliar que: ’…debido al gran número de quejas promovidas en si contra por diversas personas, s ele hace saber que tiene que moderar su conducta como servidora pública al servicio del estado…ya que con su actitud está violando lo que claramente señala el artículo 46, fracción V, de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
De igual manera, el segundo procurador auxiliar, Antonio López, se le señala de entorpecer el caso laboral de la señora Dulce María Arredondo Damián, quien demandó a la empresa FC, Mexican Consultig y House de Fuller.
Lo extraño del caso es que ambos procuradores se mantienen en los cargos y no son removidos por intereses de grupos, pues ambos pertenecen a la Barra de Abogados de Acapulco.